Ministra Saravia: Masacres de Senkata y Sacaba no pueden quedar en la impunidad
La Paz, 14 de septiembre de 2025. – La ministra de Justicia, Jessica Saravia, afirmó este domingo que el Estado boliviano tiene la obligación de cumplir los compromisos internacionales asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU Derechos Humanos, por lo que las masacres de Senkata y Sacaba de 2019 no deben quedar impunes, para evitar un “precedente nefasto” en la historia del país.
Saravia enfatizó que los informes y recomendaciones de los organismos internacionales están dirigidos al conjunto del Estado boliviano y no solo a uno de sus órganos.
“Es por eso que, por ejemplo, el informe de la CIDH establece que debe existir la voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que se generen los procesos necesarios y se haga justicia. Es decir, que las víctimas puedan obtener justicia”, declaró en Bolivia TV.
Recordó que más de 30 personas perdieron la vida por impactos de bala en Senkata y Sacaba, tras la intervención conjunta de militares y policías contra movilizaciones sociales en noviembre de 2019.
“Hablamos de vidas humanas y creemos que es importante no dejar precedentes nefastos dentro de nuestra historia y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir”, añadió.
El viernes, la CIDH y la ONU Derechos Humanos en América del Sur alertaron sobre el riesgo de impunidad en estos casos, luego de que fallos judiciales dejaran sin efecto procesos contra policías y militares sindicados.
En esa línea, Saravia recordó que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH sustentaron la apertura de investigaciones en Bolivia y que la anulación de procesos judiciales representa un retroceso en el acceso a la justicia.
La autoridad advirtió que, si el Estado no cumple con las recomendaciones internacionales, las partes pueden acudir a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que podría derivar en sentencias contra Bolivia, incluyendo indemnizaciones a las víctimas.
“Las recomendaciones de la CIDH son compromisos internacionales que Bolivia asume como país, y por tanto, deben ser atendidas por todas las instituciones de los distintos órganos del Estado”, concluyó.
