Comisión legislativa ratifica que Botrading opera con transparencia y genera utilidades para el Estado
La Paz, 05 de octubre de 2025. – La Comisión legislativa que investigó a la empresa estatal Botrading determinó, en su informe final, que la firma no incurrió en ninguna irregularidad en los pagos por la compra de combustibles destinados a Bolivia, y que su administración es transparente y rentable.
Según el documento presentado por la vocera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ángela Marín, la empresa generó más de $us 56,2 millones en utilidades entre 2023 y 2024, consolidándose como una pieza clave en la estrategia nacional de provisión de combustibles.
“Conforme a los datos presentados a la Comisión, el margen promedio entre el precio de compra internacional y el precio de adjudicación a YPFB se ha mantenido dentro de un rango relativamente estable y moderado, con márgenes de utilidad del 6% en 2023 y del 7% en 2024”, precisó Marín al leer parte del informe.
La vocera explicó que antes de la creación de Botrading, las ganancias de la importación de combustibles iban a intermediarias internacionales, mientras que ahora esos recursos se quedan en el país. “Hoy las utilidades se quedan en Bolivia, beneficiando directamente al Estado”, afirmó.
La Comisión Legislativa evaluó la creación, operación y resultados de la empresa, confirmando que Botrading agiliza la compra e importación directa de combustibles desde refinerías y productores internacionales, especialmente en momentos críticos de abastecimiento.
El informe también advierte que una eventual disolución de Botrading representaría una pérdida económica para el Estado, al dejar de percibir las utilidades generadas por la firma.
“¿Qué significaría su cierre? Que los tradings internacionales vuelvan a adjudicarse los contratos y todas las utilidades pasen nuevamente a empresas extranjeras”, explicó Marín en entrevista con Bolivia Tv.
La funcionaria remarcó que no existe daño económico al Estado, como denunciaron algunos legisladores opositores.
“¿De qué daño económico podemos hablar si la totalidad de las utilidades, el capital y los recursos invertidos pertenecen al Estado? No hay desviación de dinero. El informe es claro: los recursos están bajo control de YPFB Refinación”, aseguró.
Asimismo, el documento legislativo descarta la existencia de sobreprecios o pagos irregulares, indicando que cada transferencia está debidamente respaldada por contratos y documentación.
“Se evidencia que no existen pagos en exceso ni irregularidades. Cada pago corresponde a un contrato específico y fue verificado”, cita el informe.
Finalmente, Marín recordó que la figura de empresas estatales comercializadoras de combustibles no es exclusiva de Bolivia, ya que otros países también cuentan con entidades similares para garantizar soberanía energética y optimizar la compra de hidrocarburos en el mercado internacional.
